Derechos humanos en Argentina - Informe 2012

Derechos humanos en Argentina
Informe 2012
Siglo Veintiuno Editores

(Buenos Aires)
El Informe 2012 del CELS editado por Siglo Veintiuno presenta el décimo séptimo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, en el que se analizan los avances y retrocesos en materia de calidad institucional e inclusión social que tuvieron lugar durante 2011.
Este libro se elabora día a día con el trabajo de muchas personas y organizaciones a lo largo de todo el país que contribuyen con información y aportan el producto de sus experiencias e investigaciones.
"El recorrido por la situación de los derechos humanos en Argentina a lo largo de 2011 arroja luces, como la sentencia condenatoria en el caso ESMA y sombras, como la sanción de la llamada Ley Antiterrorista.
El último año del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner coincidió, a su vez, con los diez años de la crisis y el estallido social que sumergió al país en uno de los peores momentos de su historia. Esta conmemoración constituye, sin duda, una oportunidad para el balance y la evaluación de logros y deudas pendientes.
Esta decimoséptima edición del Informe Anual propone un diagnóstico de los avances y las deudas del  Estado democrático en el año trancurrido. En algunos casos, también recorre ciclos más extensos, como la consolidación del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad a diez años de la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, o en análisis de las protestas sociales en demanda de derechos, así como los distintos modelos de seguridad vigentes.
Los importantes desarrollos normativos que ampliaron la protección de derechos - leyes de migraciones, de servicios de comunicación audiovisual, de salud mental - han enfrentado dificultades para su implementación efectiva. En otros casos, ciertas iniciativas políticas e institucionales protectoras de derechos no llegan a plasmarse
en normas que institucionalicen los procesos a futuro, lo que plantea también, limitaciones en el presente...".
Este Informe 2012, asimismo, aborda problemáticas sustanciales como la necesidad de mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, desterrar la discriminación en todas sus formas, en particular hacia las comunidades migrantes e indígenas, eliminar la criminalización de la protesta o asegurar las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos a la salud, la vivienda o la educación para los sectores más desfavorecidos. El análisis y las propuestas aportadas buscan fortalecer, desde el Estado y la sociedad civil, una ciudadanía plena en el marco de una institucionalidad democrática inclusiva.
Al mismo tiempo, recorre ciclos más extensos en los cuales se analiza, por ejemplo, la consolidación del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad a 10 años de la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En sus páginas se advierte también acerca de problemas e inequidades que aún subsisten. En el primer año del Ministerio de Seguridad, continúa siendo preocupante el uso de la violencia por parte de fuerzas de seguridad, donde avances considerables conviven con la falta de una cristalización normativa e institucional de ciertas iniciativas y profundas diferencias entre las jurisdicciones.
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